Era una desaparecida de la dictadura chilena y la hallaron viva en Miramar
Bernarda Rosalba Vera Contardo figuraba como ejecutada tras ser detenida el 10 de octubre de 1973, sin embargo, su cuerpo nunca había sido encontrado
La historia de Bernarda Rosalba Vera Contardo, profesora y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), vuelve a poner en tensión las memorias más oscuras de Chile. Su nombre figura en el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada: se la daba por detenida el 10 de octubre de 1973 y ejecutada junto a otros militantes en el puente Villarrica, sobre el río Toltén. A diferencia de sus compañeros fusilados, su cuerpo jamás había sido hallado.
Cinco décadas después, una investigación periodística de CHV Noticias y el Plan Nacional de Búsqueda del gobierno de Gabriel Boric revelaron que Vera vive desde hace más de 30 años en Argentina, bajo su propio nombre. El hallazgo reabrió heridas, generó polémica entre familiares de desaparecidos y encendió un debate sobre la fiabilidad de los registros históricos.
Según la reconstrucción oficial, Bernarda Vera fue parte de la represión ocurrida en el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, en la Región de Los Ríos. Esa noche, patrullas militares detuvieron a 15 personas, luego trasladadas a Villarrica. Allí, sobre el puente del río Toltén, se produjo la ejecución colectiva. Todas las víctimas fueron identificadas con el tiempo, excepto ella.
El Informe Rettig mencionaba su nombre como desaparecida, pero aclaraba que existían dudas sobre su destino final. Testigos de la época afirmaron que permaneció escondida en las cercanías y que incluso había sido condenada a muerte en rebeldía por su supuesta participación en el asalto al Retén Neltume.
Nuevas pistas confirmaron esas sospechas: tras escapar de Chile, Vera logró refugiarse en Suecia en 1978, donde obtuvo la ciudadanía. Allí formó pareja con un argentino, Jorge Suizer, con quien tuvo tres hijos, dos en Europa y uno en Argentina, antes de emigrar en 1990 a la costa bonaerense. Desde entonces reside en Miramar, bajo un perfil bajo y prácticamente sin contacto con la política.
El medio se acercó a Miramar y se encontró con la presunta Bernarda Vera, quién pidió no hablar y fue escoltada hasta ingresar a su casa por su hijo, quien pidió respeto y tranquilidad para su madre. El ministro de Justicia chileno, Luis Cordero, pidió cautela frente a la conmoción social: “Hoy tenemos antecedentes que hacen plausible una investigación. No tenemos la certeza de que la persona que está en Argentina sea efectivamente Bernarda Vera”.
En paralelo, la vocera Camila Vallejo subrayó la importancia del Plan Nacional de Búsqueda: “El Plan Nacional de Búsqueda es algo que se crea como política de Estado gracias al mandato del Presidente de la República, para que la búsqueda de los detenidos desaparecidos no sea una acción privada de los familiares, que carguen solos con esta tarea como han hecho lamentablemente durante décadas, sino que el Estado se involucre proactivamente y de manera profesional”. Y agregó: “Gracias a este trabajo, este es el único caso que se ha identificado, junto con otro caso de una persona que no estaba considerada en el listado“.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, explicó que la primera información documental concreta recién llegó en mayo de 2025, coincidiendo con las indagatorias de periodistas de Chilevisión.
La revelación sacudió al país trasandino. Chile reconoce oficialmente 2.296 casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, cuyos familiares reciben pensiones y beneficios estatales. La eventual aparición con vida de Vera plantea un dilema jurídico y ético: ¿cómo revisar los listados históricos y los apoyos estatales sin herir aún más a quienes siguen buscando a sus seres queridos?
En paralelo, la noticia generó divisiones entre las propias agrupaciones de derechos humanos. Algunos dirigentes exigieron prudencia hasta que se verifique científicamente su identidad; otros denunciaron que el hallazgo refleja décadas de fallas en el registro y en el acompañamiento estatal.
Su familia, en tanto, confirmó el hecho. Su propio hijo aseguró que “ella siempre supo que este momento llegaría, pero no tiene miedo a nada”. No obstante, la mujer se mantiene en silencio: a través de allegados transmitió que lo único que desea es “vivir en paz”.