El ingreso a prisión de Nicolas Sarkozy este martes marca un hito en la historia política contemporánea de Francia. Por primera vez en décadas, un ex presidente francés cumple una condena efectiva de cárcel tras una sentencia penal firme. La escena se desarrolló en la prisión de La Santé, en París, donde deberá cumplir cinco años de prisión por asociación ilícita y financiación ilegal de campaña.

El ex mandatario salió de su domicilio en la capital francesa a primera hora de la mañana acompañado por su esposa, Carla Bruni, y un equipo de abogados. Un operativo de seguridad rodeó el breve trayecto hasta la cárcel, mientras un grupo de simpatizantes aguardaba en las inmediaciones. Entre aplausos, banderas y cánticos, corearon su nombre y entonaron el himno nacional en señal de respaldo.

La sentencia que lo llevó a prisión se vincula con la campaña electoral de 2007. La Justicia determinó que existió un entramado financiero destinado a canalizar fondos no declarados provenientes del régimen de Muamar Gadafi en Libia. Según el fallo, esa estructura fue clave en la financiación ilegal de su campaña presidencial. Si bien no se demostró que Sarkozy recibiera personalmente el dinero, el tribunal consideró probado que conocía y se benefició de la operación.

El video de Sarkozy siendo detenido (Crédito: AFP)

Desde el inicio del proceso, Sarkozy ha negado de manera tajante su culpabilidad y ha sostenido que la causa tiene motivaciones políticas. “No es un ex presidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente”, afirmó tras ingresar a prisión. También calificó el proceso judicial como un “escándalo judicial” y denunció que fue objeto de “una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes”.

En un tono desafiante, agregó: “La verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido demoledor”. Estas palabras reflejan la estrategia que su defensa ha mantenido durante todo el proceso: presentarlo no solo como un acusado, sino como una figura política víctima de un aparato judicial adverso.

Mientras espera que la apelación sea resuelta en segunda instancia —un trámite que podría demorar aproximadamente un mes—, Sarkozy permanece recluido en una unidad especial para figuras públicas o de alto perfil. Este sector del penal cuenta con celda individual, ducha privada y acceso controlado a medios de comunicación y telefonía, con el objetivo de garantizar su seguridad personal.

La decisión judicial provocó reacciones inmediatas en todo el espectro político francés. Dirigentes de la derecha conservadora, muchos de ellos aliados históricos del ex mandatario, expresaron públicamente su solidaridad. Para sectores afines, la condena es desproporcionada y representa una forma de persecución política. “Nicolas Sarkozy no es un criminal. Sentimos que el sistema judicial está tomando el poder, y eso no es bueno para Francia”, dijo una manifestante a las puertas de La Santé.

Por el contrario, amplios sectores de la opinión pública interpretaron el fallo como un gesto de firmeza institucional: la justicia aplicada sin distinciones, incluso para quienes ocuparon los más altos cargos del Estado. Para muchos analistas políticos, esta imagen —un ex presidente atravesando las rejas de una prisión— quedará como un símbolo de que el poder no garantiza inmunidad.

En el plano institucional, el presidente Emmanuel Macron mantuvo en días previos un encuentro reservado con Sarkozy, en lo que se interpretó como un gesto político para reducir tensiones. Además, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció que planea visitarlo en prisión y remarcó la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de los ex mandatarios encarcelados.