En Indonesia estallaron protestas masivas luego de que se conocieran aumentos significativos en las asignaciones y beneficios para los miembros del Parlamento. Entre las polémicas medidas figuraba un subsidio de vivienda de unos 50 millones de rupias mensuales (aproximadamente 3.000 dólares), lo que multiplicaba varias veces el salario mínimo local. Sumados otros beneficios, algunos legisladores podrían llegar a percibir hasta 230 millones de rupias al mes (unos 14.000 dólares), lo que generó un profundo malestar social en un país con altos niveles de desigualdad.

Las protestas comenzaron de manera pacífica, pero pronto derivaron en enfrentamientos con la policía. Se registraron saqueos, incendios en edificios gubernamentales y ataques a parlamentos regionales en ciudades como Makassar y Bandung. La represión incluyó gases lacrimógenos, cañones de agua y detenciones masivas. Hasta el momento, el saldo es de al menos 6 muertos, decenas de heridos y más de 1.200 detenidos, además de reportes sobre personas desaparecidas.

El descontento se intensificó tras la muerte de Affan Kurniawan, un joven conductor de mototaxi, atropellado por un vehículo blindado de la policía durante una manifestación, hecho que quedó grabado en video y se viralizó. Este episodio se convirtió en el símbolo de la indignación ciudadana.

En respuesta, el presidente Prabowo Subianto anunció la suspensión del subsidio habitacional para legisladores, un moratorio en los viajes al extranjero y una investigación sobre la muerte de Kurniawan, con la detención de varios policías implicados. Además, se desplegaron fuerzas militares y policiales para contener la crisis, mientras plataformas como TikTok suspendieron transmisiones en vivo para evitar que las protestas se organicen en línea.

Pese a estas medidas, la ola de manifestaciones refleja un malestar más profundo por la falta de transparencia, la corrupción, la desigualdad y el aumento del costo de vida. Lo que comenzó como una protesta por privilegios parlamentarios se transformó en una crisis política y social que pone en entredicho la gobernabilidad del país.