El silencio terminó. Documentos oficiales de Estados Unidos revelan que la diputada nacional del espacio La Libertad Avanza (LLA) y primera candidata al Senado por Río Negro, María Lorena Villaverde, fue detenida en Florida en enero de 2002 bajo sospecha de tráfico de cocaína. Esa acta de detención —dada a conocer por medios argentinos— aceleró las acusaciones en su contra, en medio de un contexto donde ya se tuvo que bajar José Luis Espert por supuestos vínculos narcos.

Según la reconstrucción periodística realizada en el canal A24, Villaverde habría sido arrestada el 17 de enero de 2002 en un operativo en un restaurante mexicano de Sarasota (Fruitville Street y la autopista I-75) por una presunta compra de un kilo de cocaína con 17.000 dólares en efectivo. Esa información fue dada a conocer por el canal de TV y luego replicada por diarios nacionales. En paralelo, fuentes del oficialismo admiten que la Casa Rosada está evaluando solicitarle la renuncia a la candidatura. Aunque —y este detalle abre un dilema— Villaverde está reelegida como diputada nacional por dos años más incluso si se baja de la lista.

La revelación provocó de inmediato un pedido de expulsión de la Cámara de Diputados. El diputado Facundo Manes presentó un proyecto para que se le quite la banca, alegando que “una persona con antecedentes así no puede representar al Congreso”. La propuesta generó adhesiones en gobernadores de la coalición y en sectores que exigen coherencia frente a la narrativa “anticasta” que impulsa el oficialismo.

Aparecieron documentos oficiales que confirman la detención de Lorena Villaverde (Crédito: A24)

La vulnerabilidad del Gobierno radica en varios frentes. Primero, Villaverde preside la estratégica Comisión de Energía en Diputados, cargo clave en negociaciones con inversores extranjeros —entre ellos estadounidenses—, país al que, según testimonios, la legisladora no puede ingresar porque no obtiene visa por razones vinculadas a su antecedente en EE.UU. Esa incompatibilidad genera inquietud entre navieros, petroleros y diplomáticos, lo que suma presión interna para que se definan.

Segundo, el silencio oficialist­a abrió especulaciones. Voceros del Gobierno evitaron defenderla públicamente y admitieron que se requiere “evaluar qué hacer” aunque reconocen que “su candidatura nos perjudica”. En el comando electoral de LLA, admiten que ya dialogaron con la diputada para simplificar el daño: “Si se baja, sigue siendo diputada”, confió un [operador político] que agregó que la decisión podría adelantarse antes del 22 de octubre.

Villaverde, por su parte, se limitó al silencio. Fuentes cercanas explican que ella negó públicamente haber estado presa por tráfico (“jamás fui detenida ni con un gramo ni con medio kilo de cocaína”, llegó a afirmar por chat a un medio) pero que, en privado, admitió que no puede ingresar a EE.UU. por no obtener visa. No ofrece un relato público coherente y ese vacío multiplica especulaciones.

El escándalo encuentra también raíces en Río Negro, donde dirigentes libertarios habían advertido sobre sus antecedentes. Uno de ellos, Sergio Rivero, denunció que a comienzos del año ofreció documentación a los armadores de listas de LLA sobre la causa estadounidense y otros procesos civiles y penales. “Le dejé documentación y le dije que no le den lugar”, declaró. Su advertencia no surtió efecto y la candidata quedó en posición clave.

El trasfondo se complejiza aún más cuando se cruzan los vínculos de parentesco y financiación. En una entrevista radial el ex ministro de Justicia de Río Negro, Martín Soria, vinculó a Villaverde con el empresario Fred Machado (acusado en EE.UU. por narcotráfico y lavado) y con su primo, el empresario Claudio Ciccarelli, socio de Villaverde. Soria señaló que los lazos de financiación y negocios entre estos personajes hacen que “la causa no sea anecdótica”. Se trata, según él, de “una red que ha penetrado la política argentina”.

Adicionalmente, medios de Río Negro reportan que Villaverde enfrenta causas abiertas por lavado de activos, estafa inmobiliaria y venta irregular de terrenos en Las Grutas, que suman una corriente de denuncias complementarias a la del caso de EE.UU. Estas acusaciones complican su narrativa de “candidato de cambio”.

Ahora, ¿qué espera el oficialismo? El mapa se compone de tres opciones: (1) pedirá su baja inmediata de la lista, deslindando campaña; (2) mantendrá la candidatura pero la aislará de funciones estratégicas, como la presidencia de Energía; (3) la respaldará públicamente y jugará a la contención, asumiendo el desgaste. Hasta ahora, ninguna de las tres fue adoptada.

La elección de Río Negro adquiere relevancia por ese motivo. LLA necesita conservar su piso electoral allí, y la señal que envíe esta semana puede impactar en la movilización de sus simpatizantes. Para los analistas, la tardanza en la definición y la falta de un relato firme puede resultar más costosa que una baja prematura.