El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, quedó en el centro de la polémica por una denuncia por presuntas maniobras de malversación de fondos públicos, fraude a la administración y asociación ilícita por unos 12.570 millones de pesos.

El eje de la controversia serían unos 550 monotributistas con sueldos de hasta 8 millones de pesos, contratados por el municipio sin que se conozcan bien sus funciones y horarios.

La denuncia fue presentada por Fernando Míguez, presidente de la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático y autodenominado periodista independiente, ante la Cámara Federal de San Isidro. Además de Lanús, se apunta al rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco, ya que los contratos se instrumentan a través de ese centro educativo.

Entre los nombres incluidos en las listas figuran familiares de funcionarios y referentes políticos locales. Eso, sumado a la inminencia de la campaña electoral, incentiva las sospechas de que se trataría de financiamiento político para las elecciones del 26 de octubre.

La denuncia de Míguez acusa a Lanús de fraude, malversación, cohecho, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Greco y otros funcionarios fueron acusados como partícipes necesarios. Ninguno de los señalados ha hecho declaraciones al respecto aún.