El escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sigue perjudicando al gobierno nacional, que busca evitar nuevas sorpresas en ese frente. Después de que se difundieran audios de Karina Milei que habrían sido grabados en Casa Rosada, el oficialismo apunta a frenar su difusión. Por eso este lunes 1 de septiembre denunciaron una “operación de inteligencia ilegal”, y la Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina.

El responsable de la decisión fue el juez federal Patricio Maraniello, a cargo del Juzgado Civil y Comercial número 5 de la Capital Federal. En su resolución, el magistrado consideró que el "derecho a la libertad de expresión debe ceder" ante las "graves repercusiones" que podría generar la publicación de los audios. Hasta ahora solo se conocieron fragmentos de la charla que dio Karina Milei, aunque la grabación llegaría a 50 minutos.

Maraniello respondió al pedido del Gobierno en el momento justo, ya que hace unas dos semanas tiene problemas propios. A mediados de agosto, el Consejo de la Magistratura, órgano que controla el accionar de los jueces argentinos, lo notificó de seis causas en su contra, incluyendo una por presunto abuso sexual.

La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN) acusa a Maraniello de presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.

Las acusaciones son tramitadas por la Comisión de Disciplina del Consejo, presidida por César Grau, que notificó formalmente al magistrado el pasado miércoles 13 de agosto. Maraniello tiene un plazo de 20 días para designar abogado, defenderse por escrito y ofrecer pruebas.

El caso recuerda a otros célebres magistrados argentinos, que suelen tener diversas acusaciones de inconducta en su contra cuando reciben causas delicadas para el poder. Le pasó al difunto Norberto Oyarbide, que sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito en 2010 mientras acumulaba varias denuncias por su desempeño. También a Ariel Lijo, que fue propuesto a la Corte Suprema en 2024 pese a las numerosas acusaciones que acumulaba en la Magistratura.