Una investigación del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires reveló una trama millonaria detrás del negocio de las fotomultas en municipios bonaerenses, con contratos directos, sin licitaciones y con una cámara empresarial que, aunque formalmente funciona como asociación civil sin fines de lucro, opera como una empresa privada. El informe apunta directamente contra el intendente de Tigre, Julio Zamora, y contra la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), presidida por Bernardino García.

El fallo del organismo de control es categórico: Cecaitra no tiene capacidad jurídica para prestar el servicio que brinda. Si bien figura como una cámara empresarial dedicada a representar a empresas del sector y promover buenas prácticas en seguridad vial, en la práctica instala radares, procesa infracciones, administra bases de datos y cobra multas como si fuera una concesionaria privada. El problema: no lo es legalmente y tampoco está sujeta a los impuestos que deben pagar las empresas, ya que no tributa IVA, Ganancias ni Ingresos Brutos.

Según determinó el Tribunal, el esquema funcionaba de la siguiente manera: el municipio firmaba un convenio con Cecaitra, la cámara instalaba equipos, operaba los radares, gestionaba la información de tránsito y enviaba las infracciones a los conductores. A cambio, recibía un porcentaje de lo recaudado por las multas, un negocio que —según fuentes del sector— mueve cifras millonarias al año.

Este sistema fue replicado en varios distritos de la provincia, incluyendo Dolores, Lobos, Carmen de Areco y Tigre, y en la mayoría de ellos los convenios fueron cuestionados, suspendidos o dados de baja por observaciones tanto del Tribunal de Cuentas como de la justicia. La estructura fue consolidándose desde la época en que Daniel Scioli gobernaba la provincia, cuando se expandieron los radares en rutas bonaerenses y accesos municipales.

Los especialistas advierten que la tecnología utilizada por Cecaitra es obsoleta y que la empresa no cuenta con la capacidad técnica suficiente para procesar el volumen de infracciones que asegura gestionar. Pero eso no es todo: también se detectó un circuito paralelo de coimas que habría servido para eliminar infracciones y en el que, según investigaciones judiciales, podrían estar involucrados jueces de faltas.

El fallo responsabiliza directamente al intendente Zamora, a la contadora municipal Roxana Di Cola y al secretario de Economía y Hacienda, Guillermo Gómez, quienes deberán responder con su patrimonio personal ante los cargos que establezca el Tribunal. El organismo consideró que el jefe comunal otorgó un servicio estratégico a un privado de manera directa, sin el debido proceso de licitación, amparándose en supuestas “urgencias operativas” que no fueron justificadas.

La relación entre Cecaitra y distintos municipios ya había estado en el centro de otro escándalo que terminó con la salida del ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y dio origen a dos causas judiciales: una a cargo del fiscal Álvaro Garganta en La Plata, y otra en manos de Adrián González Charvay. Ambas investigaciones derivaron en allanamientos a la sede de Cecaitra y al domicilio particular de Bernardino García.

A pesar del duro revés legal, el caso en Tigre dio un giro llamativo: tras conocerse el fallo, Zamora suspendió el contrato con Cecaitra y convocó a una licitación formal para regularizar el servicio de fotomultas. Sin embargo, la misma Cecaitra volvió a presentarse, a pesar de que ya había sido excluida previamente por no cumplir con los requisitos jurídicos para ser concesionaria.

La persistencia de la cámara en estos procesos refleja el enorme peso que ha acumulado en el negocio de las infracciones viales en la provincia de Buenos Aires. Su estructura familiar —liderada por Bernardino García y su hijo Mariano, que se alternan en la presidencia— le permitió extender su influencia durante años en múltiples distritos, sin que se aplicaran controles efectivos.

El fallo del Tribunal de Cuentas abre un frente de conflicto legal y político de alto voltaje. Por un lado, deja en evidencia vacíos normativos que habilitaron durante años la tercerización de servicios municipales clave sin los controles correspondientes. Por otro, pone en jaque un sistema que generó ingresos millonarios a una entidad que no tributa impuestos como una empresa privada, pero que actúa como tal.