En un país donde nada sorprende, un nuevo episodio desopilante sacudió esta semana los pasillos del Congreso: se supo que personal de seguridad de la Cámara alta interceptó a una empleada cuando intentaba salir del edificio con varios rollos de papel higiénico bajo el brazo. El hecho, que ya generó un sumario interno, ocurrió el 5 de agosto y recién ahora se conocieron los detalles oficiales.

El episodio sucedió en el 9º piso del Edificio Anexo Alfredo Palacios, donde funcionan distintas oficinas administrativas. Según el documento difundido, la trabajadora “fue interceptada por personal de seguridad al intentar egresar del edificio con rollos de papel higiénico que pudieron haber sido sustraídos de los baños” de ese sector. A partir de ahí, se inició un expediente interno que fue elevado a la Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para determinar responsabilidades.

Aunque el robo de insumos no es algo nuevo en dependencias públicas, lo que llama la atención en este caso es el contexto en el que ocurre. Desde hace meses, la Secretaría Administrativa del Senado —un área clave que maneja la logística y las compras— está vacante. Dos personas que ocuparon el cargo dejaron su puesto por diferentes conflictos con la actual vicepresidenta. El resultado: licitaciones demoradas, problemas de abastecimiento y baños con hedores que se convirtieron en un tema cotidiano entre los empleados.

En ese clima de desorganización, la desaparición de rollos de papel higiénico pareció un detalle más… hasta que alguien decidió llevárselos puestos. La escena, digna de una comedia, quedó registrada en los informes internos de seguridad y derivó en una investigación administrativa formal.

La decisión de explicitar el caso se oficializó mediante un decreto firmado por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, responsable institucional del Senado. Si bien no hizo declaraciones públicas sobre el tema, su firma aparece en el documento que autoriza la apertura del sumario y detalla el procedimiento que siguió Seguridad al interceptar a la agente involucrada.

El dato no pasó desapercibido: en un Congreso donde la transparencia administrativa suele ser una deuda histórica, la publicación del decreto permitió conocer un episodio que, de otro modo, probablemente hubiera quedado archivado en silencio.

Detrás del hecho insólito se esconde una crisis administrativa que arrastra meses. La falta de autoridades en áreas clave dejó al descubierto problemas estructurales en el manejo de recursos básicos. Productos de limpieza que tardan en llegar, salones cerrados sin aviso y trámites internos frenados se volvieron parte de la rutina de trabajadores y asesores. En resumen, en el Congreso argentino, todos tienen el culo sucio.