El Gobierno dio el primer paso para vender el Parque de la Costa
Por orden del Ministerio de Economía, los terrenos fueron desafectados del uso ferroviario, ya que no se utilizan para eso
Este miércoles a primera hora, el Ministerio de Economía anunció en su última resolución una medida clave para poder vender los terrenos en donde hoy se ubica el Parque de la Costa, que actualmente administra Fenix Entertainment.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado fue la que identificó que el lugar donde se ubica el parque de diversiones desde 1997 se encuentra en jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA), pero no se utiliza para fines ferroviarios. Por eso, en el uso de sus facultades el organismo lo desafectó de esa actividad.
Además, en la resolución 1328/2025 se solicita que, si se decide vender el terreno, se realice la mensura (medición oficial) correspondiente.
La desafección ferroviaria es el primer paso necesario para poder vender legalmente el terreno. Sin embargo, no hay anuncio de que esto vaya a suceder en el corto plazo. A su vez, el parque seguirá funcionando normalmente por ahora.
Cabe recordar que el Parque de la Costa está ubicado en Tigre, en un espacio de más de 14 hectáreas sobre el río Luján, y también cuenta con un teatro, un parque de atracciones acuáticas (Aquafan) y Chinatown Tigre, entre otras atracciones. Actualmente está bajo administración de Fenix Entertainment Group, del empresario Marcelo Figoli, pero desde 1997 a la fecha fueron varios los dueños.
El parque era impulsado originalmente por Sociedad Comercial del Plata, de la familia Soldati, pero según un informe llevado adelante por el ministro Florencio Randazzo en 2013, el grupo había omitido el pago del canon por inmuebles desde 2001. Allí, sus dueños redujeron su participación del 21% al 4%.
En 2021 Fenix Entertainment Group logró la adquisición del parque, que en 2021, por decisión de Sergio Massa y Axel Kicillof, recibió una condonación de deudas pasadas y se le eximió del pago de los impuestos a los ingresos brutos e inmobiliario por un plazo de dos años. El objetivo era evitar su cierre y mantener los 500 puestos de trabajo.