Lavado y juego online: un golpe en pleno conurbano con 19 detenidos
Un mega operativo en barrios cerrados de Canning, Esteban Echeverría y Ezeiza develó una operación de lavado de dinero
El operativo comenzó de madrugada, cuando más de 300 efectivos de Gendarmería irrumpieron en barrios cerrados de Canning, Esteban Echeverría y Ezeiza. Lo que encontraron no era un juego menor: 19 detenidos, 20 prófugos, 53 allanamientos simultáneos y más de 17.800 millones de pesos en efectivo incautados. El golpe fue contra una red de juego online clandestino y lavado de dinero que operaba desde 2014 bajo el nombre “Celuapuestas”. Su líder, R.J.Z., fue arrestado en el country Terralagos cuando intentaba huir con una valija que contenía 12 millones de pesos.
La investigación, que comenzó en 2023 por la denuncia de un informante protegido, fue dirigida por la Fiscalía Federal de Hurlingham y coordinada por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez. Participaron la Unidad de Información Financiera (UIF), encabezada por Paul Starc, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Gendarmería Nacional.
Según los fiscales Santiago Marquevich y Eduardo Suárez, la organización habría lavado al menos 7 millones de dólares a través de billeteras virtuales, cuentas bancarias a nombre de testaferros, sociedades pantalla y la compra de autos, propiedades e incluso criptomonedas. También se secuestraron más de 60 vehículos, documentación contable, computadoras y armas.
El esquema era sofisticado: operaban plataformas ilegales de apuestas online a través de redes sociales y sitios web sin ningún tipo de control estatal. Luego “blanqueaban” el dinero con técnicas de pitufeo, la constitución de 31 sociedades con objetos diversos y una financiera propia, Axon S.A.S., que funcionaba como intermediaria. Parte de la operatoria se extendía al exterior, con vínculos detectados en Panamá y República Dominicana.
Más allá de la magnitud del operativo, el caso pone en primer plano una discusión política que hasta ahora permanecía en segundo plano: quién controla y regula el juego online en la Argentina. Hoy la potestad está fragmentada entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, lo que deja un amplio margen de vacíos regulatorios. Mientras algunas jurisdicciones, como CABA y la provincia de Buenos Aires, tienen marcos legales propios, otras no cuentan con regulación específica, lo que permite la expansión de redes ilegales como la desbaratada esta semana.
Esa fragmentación no es solo institucional: también es económica. El juego online legal mueve miles de millones de pesos al año y se ha convertido en una fuente creciente de recaudación. Cualquier disputa sobre su control implica también una pelea por recursos fiscales. En este contexto, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich busca avanzar en un esquema más coordinado a nivel federal para evitar que organizaciones criminales exploten las grietas entre jurisdicciones. “Cuando hay una investigación coordinada entre fuerzas federales, fiscalía y juzgado, se puede desarticular una red sofisticada y clandestina”, dijo Bullrich tras el operativo.
"Se investigaron múltiples viviendas vinculadas al núcleo familiar que impulsaba la red; se secuestró una gran cantidad de vehículos de alta gama, totalmente incompatibles con las declaraciones fiscales de las personas detenidas”, agregó la Ministra.
La Ciudad, a través de Lotería de la Ciudad, tiene desde 2021 su propio sistema de regulación y licencias, mientras que la provincia de Buenos Aires cuenta con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. La Nación, en cambio, mantiene un rol acotado, aunque cada vez más actores en el Gobierno impulsan la idea de unificar criterios regulatorios y de control. Eso, sin embargo, choca con el histórico principio de autonomía provincial en materia de juego.
El caso Celuapuestas puede ser el punto de quiebre de esa discusión. La magnitud de lo incautado y el nivel de planificación de la red muestran que no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno estructural que crece en las sombras de la regulación fragmentada. Mientras la causa avanza en el fuero federal, distintos sectores ya anticipan una disputa política entre Nación, Provincia y Ciudad por quién se queda con el control —y la recaudación— de un negocio que, en la frontera entre lo legal y lo ilegal, mueve cifras millonarias.