La situación de las Fuerzas Armadas argentinas atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos: en menos de dos años, 18.659 efectivos abandonaron el servicio activo. El dato, revelado en el Congreso por el jefe de Gabinete Guillermo Francos a partir de información del Ministerio de Defensa, pone en evidencia la profundidad de una crisis que combina desmotivación salarial, desgaste profesional y migración hacia mejores oportunidades fuera de los cuarteles.

El impacto de las bajas no fue homogéneo. El Ejército resultó ser la fuerza más castigada, con 14.614 salidas, mientras que la Fuerza Aérea perdió 2971 integrantes y la Armada 1074. Dentro del total, los más afectados fueron los soldados voluntarios: solo en esa categoría se contabilizaron más de 15.000 bajas desde diciembre de 2023, cuando asumió la actual administración. En el Ejército, el número es particularmente significativo: 12.866 voluntarios dejaron sus filas en este tiempo.

Hoy, las Fuerzas Armadas mantienen un plantel activo de aproximadamente 83.000 uniformados en todo el país, pero la reposición de efectivos no logra equilibrar el ritmo de los egresos de las escuelas de formación. Uno de los ejes centrales de la crisis es el atraso en los haberes militares. El compromiso de equiparar los sueldos con los de las fuerzas de seguridad sigue sin concretarse y los valores actuales muestran que gran parte del personal se encuentra muy cerca de la línea de pobreza, calculada en $1.160.780 para una familia tipo.

Los escalafones más bajos ilustran con claridad el problema: un subteniente, guardiamarina o alférez perciben $806.045, un teniente llega a $889.995 y un capitán o teniente de navío a $1.109.913. Entre los suboficiales, los ingresos varían entre $765.596 y $853.088. Estos montos contrastan con los gastos cotidianos en grandes centros urbanos, donde el costo de vida resulta mucho más alto que en los destinos del interior.

Javier y Karina Milei, el Ministro Petri, el teniente General Carlos Presti, y el Coronel Julio Buoniconto (Crédito: Instagram)

Las condiciones laborales fuera del ámbito castrense se convirtieron en un poderoso imán. Profesionales con formación militar, como enfermeros o técnicos, encuentran en el sector privado ofertas que duplican o triplican lo que cobran en servicio. Un cabo enfermero, por ejemplo, percibe en el Ejército alrededor de $500.000, pero puede alcanzar un millón de pesos en el mercado civil con solo cambiar de uniforme.

A esto se suman las propuestas de las fuerzas policiales de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, que incorporan exmilitares jóvenes y capacitados, reconociendo su antigüedad y grado, pero garantizándoles sueldos muy superiores, mejor cobertura de salud y mayor estabilidad en el destino.

Otro factor de peso es el colapso de la obra social militar. El Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) arrastra una deuda superior a $210.000 millones y dejó sin cobertura a sus afiliados en varias provincias. La imposibilidad de acceder a prestaciones médicas adecuadas genera malestar y acelera las decisiones de pedir la baja.

En paralelo, los déficits de equipamiento deterioran la experiencia profesional. La utilización de fusiles FAL con más de 70 años de servicio, la escasa provisión de uniformes y botas, y la falta de municiones para prácticas de artillería y morteros son señales de un atraso material que incide en la moral de la tropa y en las posibilidades de formación.

Aunque la pérdida de personal es un fenómeno que lleva más de una década, la magnitud alcanzada desde diciembre de 2023 convierte al problema en un desafío urgente para la gestión de Javier Milei. La combinación de salarios deprimidos, crisis sanitaria, falta de equipamiento y competencia laboral externa genera un cóctel que amenaza con reducir aún más la dotación de las Fuerzas Armadas.