El caso más conmocionante de los últimos años en Chaco no solo se libra en los tribunales. En paralelo al inicio del juicio oral y público contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el Gobierno provincial activó un fuerte movimiento político: presentó un proyecto para expropiar la chanchería de la familia acusada y convertirla en un espacio público de reinserción social.

El inmueble de más de 27 hectáreas fue adjudicado a Emerenciano Sena en 2015 con el objetivo de impulsar un emprendimiento productivo. Desde entonces, el predio funcionó como uno de los símbolos más visibles del poder económico y territorial del clan. Este martes, tras la firma del gobernador Leandro Zdero, el Ejecutivo chaqueño ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para expropiarlo.

La iniciativa fue presentada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, y el subsecretario de Legal y Técnica, Julio Ferro. El objetivo oficial es destinar el lugar a la construcción de centros de reinserción social vinculados al Programa Provincial Fortaleza (de consumos problemáticos de sustancias), así como a espacios de formación laboral.

César Sena y Cecilia Strzyzowkis (Crédito: Redes Sociales)
César Sena y Cecilia Strzyzowkis (Crédito: Redes Sociales)

“Enviamos un mensaje claro de que la provincia de Chaco está comprometida con la Justicia, en la lucha contra el delito y la dignidad de todos sus habitantes”, expresó Gutiérrez al canal NORTE TV, al detallar los fundamentos del proyecto. La expropiación implica que el título de propiedad pasará de Sena a la Provincia, con un pago que quedará depositado en una cuenta judicial, a disposición de la Justicia en caso de reclamos posteriores. Según explicaron desde el Ejecutivo, ya se realizó un estudio de dominio y, una vez convertida en ley, intervendrá la Fiscalía de Estado para que la Junta de Evaluación determine el valor del inmueble.

La construcción de los futuros centros dependerá de la disponibilidad presupuestaria provincial. El procedimiento para la valoración de los terrenos seguirá lo establecido en la Ley 332-A.

Mientras tanto, en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia arrancó la primera jornada del juicio oral y público por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Siete personas están imputadas, entre ellas César Sena, pareja de la víctima, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes eran candidatos de Capitanich.

La audiencia inicial estuvo dedicada a la selección del jurado popular: 12 ciudadanos chaqueños que serán los responsables de escuchar las pruebas, analizar testimonios y definir el veredicto. En total se prevén 17 audiencias, más de 50 testigos y casi 400 pruebas que, según la fiscalía, demuestran que el crimen fue planificado y ejecutado por el clan. La jueza técnica Dolly Fernández supervisa el proceso, aunque la decisión final estará en manos del jurado.

César Sena, de 20 años, enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado por el vínculo, en contexto de violencia de género y con concurso premeditado de dos o más personas, lo que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que asesinó a Cecilia el 2 de junio de 2023 en la casa familiar.

Sus padres están acusados como coautores del crimen, por participar en la planificación y el encubrimiento, aprovechando su influencia política y social para intentar obstaculizar la investigación.

La expropiación de la chanchería no es un dato menor. El predio fue durante años emblema del poder territorial de los Sena, un clan piquetero con vínculos políticos y fuerte presencia social en la provincia. Transformar ese espacio en un centro de reinserción social es, además de un acto administrativo, un mensaje político: el intento de desarmar el entramado de poder que permitió a esta familia consolidarse durante décadas.