Quién es la funcionaria de Kicillof involucrada en el Triple Crimen

El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela no solo expuso una trama de narcocriminalidad y violencia extrema: también abrió una línea de investigación que atraviesa el poder político y sindical bonaerense. En el epicentro de esa red aparece Marcela Fabiana Guerrero, funcionaria del gobierno de Axel Kicillof y madre de Celeste Guerrero, la joven que alquiló la vivienda donde las tres chicas fueron asesinadas, descuartizadas y enterradas.

La causa, a cargo del fiscal Adrián Arribas, derivó en una investigación que, más allá del espanto del crimen, puso bajo la lupa los vínculos entre el narcotráfico y funcionarios del sistema educativo provincial. Guerrero, que hasta hace pocas semanas mantenía un perfil técnico y académico dentro del área de Educación Primaria, se transformó de pronto en un nombre clave en una historia que mezcla política, sangre y silencios incómodos.

Marcela Fabiana Guerrero se desempeña como directora de Gestión Curricular de Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires, cargo que depende directamente de la Dirección General de Cultura y Educación. En los registros oficiales aparece como parte del equipo educativo de La Matanza, bajo la órbita del intendente Fernando Espinoza, uno de los referentes más antiguos del kirchnerismo en el conurbano. Además, supo ser Secretaria General de SUTEBA Florencio Varela, donde comparte militancia con Silvia Almazán, a quien le alquiló la casa donde aparecieron los cuerpos de las asesinadas.

Desde hace más de una década, Guerrero forma parte de la estructura de SUTEBA del distrito, donde es considerada una figura con peso dentro del entramado de docentes militantes y funcionarios vinculados a los espacios en el gremio de Roberto Baradel. Su discurso público, visible en videos institucionales del área educativa, refleja ese perfil: defensa de la escuela pública, de la palabra como herramienta de inclusión y de la educación como “espacio de construcción de una sociedad más justa”.

El nexo que une a Guerrero con el triple crimen es la vivienda donde se cometieron los asesinatos, ubicada en Florencio Varela. Esa casa pertenece a Silvia Almazán, secretaria adjunta de SUTEBA, mano derecha de Baradel y figura cercana también al gobernador Kicillof.

Almazán, según consta en la causa, alquilaba la propiedad a Marcela Guerrero, quien a su vez se la cedió a su hijastra Celeste. En los hechos, la funcionaria bonaerense figuraba como inquilina directa de la dirigente sindical, y su hija era quien vivía allí junto a su pareja.

Esa cadena, dueña sindical, inquilina funcionaria, subalquilada a una joven vinculada a un grupo narco, terminó por exponer una trama de poder, negligencia y posible encubrimiento. Almazán fue citada a declarar como titular del inmueble, mientras que Guerrero quedó bajo observación por su rol en el alquiler y por los mensajes hallados en el celular de su hija, donde se leía: “Mamá. borrá todo”, enviados tras el crimen.

La investigación judicial señala que Celeste Guerrero, de 28 años, habría “subalquilado” la casa “por una noche” a la banda liderada por el joven narco peruano conocido como “Pequeño J”, a cambio de mil dólares. Según su propio testimonio, aceptó el trato porque le aseguraron que sería “para una fiesta”.

Esa explicación se derrumbó cuando los peritajes confirmaron que el lugar fue escenario del secuestro, tortura y asesinato de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza. En su declaración, Celeste relató que vio llegar a las chicas y que luego se fue del lugar, aunque los investigadores sostienen que regresó para limpiar las manchas de sangre con lavandina. Testigos la ubicaron junto a otro joven lavando pisos y paredes, y en su teléfono se hallaron conversaciones con su madrastra posteriores al crimen.

El fiscal Arribas investiga si hubo encubrimiento o ayuda posterior al hecho, y no descarta que los vínculos políticos de Guerrero hayan demorado ciertas diligencias iniciales. Lo que empezó como un caso policial se convirtió en una bola de nieve que involucra al sector sindical docente aliado histórico del kirchnerismo bonaerense. La propiedad de Silvia Almazán, la relación laboral entre Almazán y Guerrero dentro del circuito educativo y sindical, y el silencio oficial del gobierno provincial generaron un clima de tensión y sospecha. El abogado de Celeste Guerrero es Daniel Giaquinta, un penalista que trabaja en el Municipio de Florencio Varela en el área de Derechos Humanos. Según la prensa local, la funcionaria de Kicillof Florencia Guerrero habría contactado a Giaquinta a través del ex concejal Luis Picoli, cuñado de Florencia Guerrero y reconocido por su trabajo en Derechos Humanos. El abogado Giaquinta participó, entre otros casos, en la defensa de un sospechoso de la Masacre de Florencio Varela donde murieron baleadas dos chicas.

La investigación también reveló un dato inquietante: una amenaza narco enviada a un intendente del conurbano, en la que una banda criminal lo responsabilizaba por el robo de una gran cantidad de droga. Ese mensaje, según fuentes judiciales, “fue dejado en una oficina municipal” y sugiere que la disputa por un cargamento perdido podría estar detrás del crimen.

Desde que se conoció la conexión entre Guerrero y Almazán, ninguna de las dos rompió el silencio públicamente. En el entorno gremial y educativo prefieren hablar de “coincidencias desafortunadas”, pero el expediente judicial describe un escenario más complejo: una propiedad de una figura sindical usada como bunker narco, alquilada por una funcionaria bonaerense cuya hija participó, al menos indirectamente, en un triple asesinato.

Pero no solo no hablaron ellas, ni las autoridades provinciales con Kicillof a la cabeza o el titular del sindicato SUTEBA, Roberto Baradel, tampoco la prensa nacional le ha dedicado espacio a estas conexiones políticas del triple crimen. Ya ni siquiera hay marchas programadas de las militantes feministas.